El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Neiva falló a favor del ciudadano Deiby Martínez Cortés, quien interpuso acción de tutela contra la Alcaldía de Neiva por la vulneración de su derecho fundamental de petición, debido a que la administración municipal no respondió de fondo, ni de manera congruente ni precisa, pese a los plazos constitucionales y legales.
El juez determinó que el pronunciamiento de la Alcaldía fue parcial e insuficiente, lo cual constituye una vulneración directa al artículo 23 de la Constitución Política y a la Ley 1755 de 2015. Además, el fallo enfatiza que no es válido remitir al ciudadano a portales web, ni trasladar responsabilidades a otros entes o dependencias, sino que la respuesta debe ser concreta, clara y completa.
En consecuencia, el despacho ordenó a la Alcaldía de Neiva que, en un plazo no mayor a 48 horas contadas desde la notificación del fallo, entregue respuesta de fondo, clara, precisa, congruente y debidamente notificada al accionante, sobre todos los puntos omitidos en el derecho de petición.
El juez fue enfático en advertir que el incumplimiento de la orden judicial dará lugar a un incidente de desacato, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que faculta al juez para imponer sanciones que pueden incluir arresto hasta por seis (6) meses y multas económicas sucesivas, a los funcionarios responsables de la omisión.
Contexto de la solicitud
El ciudadano había requerido información contractual, informes de supervisión e interventoría, auditorías y procesos de responsabilidad fiscal de la actual administración. Ante la falta de respuesta real, la acción de tutela fue admitida y ahora resuelta en su favor, dejando en evidencia la omisión de la Alcaldía y sus dependencias.
Declaraciones del accionante
“Este fallo no representa una victoria personal, sino un triunfo para todos los neivanos que defendemos la transparencia. Tras múltiples intentos de ocultar información y dilatar el proceso, un juez de la República puso en orden a la Administración Municipal. Ahora serán los documentos los que hablen por sí mismos, y cuando salgan a la luz, la ciudadanía sabrá quién debe responder, sin importar de quién se trate”, expresó Deiby Martínez Cortés al conocer la decisión judicial.
Conclusión
Este caso se convierte en un precedente, tanto a nivel local como nacional, que envía un mensaje contundente a las entidades públicas: los derechos de los ciudadanos no pueden ser vulnerados mediante evasivas, traslados o dilaciones. El respeto al derecho de petición es un deber ineludible, y su incumplimiento acarrea sanciones inmediatas por desacato judicial.
“En los próximos días presentaremos nuevas tutelas, con la expectativa de que se nos entregue de manera transparente toda la información que, por ley, debe ser pública, veraz y oportuna”, concluyó Martínez Cortés.
