Un grupo de aproximadamente 40 líderes comunitarios y veedores ciudadanos se congregó frente a la sede de la Superintendencia de Salud en Neiva para denunciar las múltiples fallas en la prestación de servicios por parte de las EPS, especialmente Sanitas y Nueva EPS. Los manifestantes reclamaron una intervención efectiva por parte del ente de control, al que acusaron de inacción.
Según los voceros, el acceso a servicios básicos como entrega de medicamentos, programación de citas médicas y cirugías se ha convertido en un proceso tortuoso para miles de usuarios en el Huila. Aseguran que en la capital del departamento hay cerca de 1.500 quejas activas por problemas de atención en salud.
Luis Alfonso Escobar Bermeo, representante de los usuarios de Sanitas en Neiva, expresó que la comunidad lleva tiempo pidiendo ser escuchada sin obtener respuesta: “No buscamos confrontación, solo queremos que la Supersalud cumpla su función de inspeccionar y sancionar”, afirmó.
Los manifestantes denunciaron, entre otros problemas, que alrededor de 15.000 usuarios siguen esperando la entrega de medicamentos esenciales como insulina, metformina, losartán y enalapril, así como pañales y fármacos especializados. Además, la Personería de Neiva informó que en mayo se presentaron aproximadamente 1.500 acciones de tutela para exigir atención médica.
Uno de los casos más graves lo relató Jorge Galindo, de 76 años, quien denunció ser víctima del llamado “paseo de la muerte”. Diagnosticado con diabetes, ha tenido que levantarse a las 3:00 a. m. para conseguir una ficha de atención, esperar más de seis horas por una autorización, y enfrentarse a largas filas solo para recibir como respuesta un “no hay medicamentos”.
Carlos Hueje, otro veedor y representante de usuarios de la Nueva EPS, fue categórico: “La Supersalud no funciona. No hace cumplir el derecho fundamental a la salud. Hay pacientes que deben esperar meses por una cita que debería entregarse en tres días. Y los medicamentos, simplemente no llegan”.
Ante este panorama, los manifestantes exigieron que la Supersalud, la Personería, y las Secretarías de Salud Departamental y Municipal den respuestas concretas y urgentes. “La salud y la vida están en juego, y las autoridades deben actuar con responsabilidad”, concluyó Jorge Galindo.
