Una reciente resolución de la Fiscalía General de la Nación establece un protocolo claro frente a jefes negociadores de grupos armados acogidos a la ‘paz total’, en caso de ser sorprendidos cometiendo delitos, especialmente relacionados con el narcotráfico.
El documento, fechado el 10 de julio de 2025, busca brindar seguridad jurídica en medio del complejo escenario de negociación con organizaciones criminales. La nueva instrucción señala que los negociadores reconocidos serán capturados y llevados ante un juez si son detenidos en flagrancia por tráfico de estupefacientes, crímenes de lesa humanidad, infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves a los derechos humanos.
En estos casos, se procederá a la imputación formal de cargos y se solicitará una medida de aseguramiento, sin que pese su rol en los diálogos de paz.
No obstante, si los capturados enfrentan cargos como concierto para delinquir, porte o fabricación de armas de fuego o municiones, incluso de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o uso indebido de uniformes o insignias, se ordenará su libertad inmediata, según lo dispuesto por la Fiscalía.
Otra de las novedades es que las órdenes de captura con fines de extradición no serán suspendidas automáticamente. La resolución advierte que dichas solicitudes seguirán vigentes mientras avancen las negociaciones, lo que implica que su suspensión provisional dependerá del progreso y solidez del proceso con cada grupo armado.
Este nuevo enfoque cobra relevancia en el contexto de casos recientes que han causado controversia, como la detención de Giovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’, considerado jefe negociador de los Comandos de la Frontera. Rojas fue capturado con fines de extradición, solicitado por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y, según reveló la revista SEMANA, también por cargos de narcoterrorismo.
De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia estadounidense, alias ‘Araña’ habría financiado organizaciones criminales y terroristas tanto en Colombia como en Ecuador, con conocimiento pleno de sus actividades delictivas.
En este momento, Rojas permanece en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre su eventual extradición.
Asimismo, se recuerda el caso de Édgar de Jesús Orrego, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, capturado el 23 de julio de 2024 durante un retén en la vía Medellín–Anorí. En el operativo se halló un arsenal oculto en vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Pese a ello, los implicados quedaron en libertad gracias a una directriz firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, la cual fue demandada ante el Consejo de Estado.
La resolución llega en un momento crítico para la iniciativa de ‘paz total’, duramente cuestionada por la opinión pública y varios sectores políticos, en medio de crecientes escándalos, retrasos en las negociaciones y hechos que ponen en entredicho la voluntad real de los grupos armados por abandonar la ilegalidad.
