Este año se cumplen cuatro décadas de la toma del Palacio de Justicia y en el marco de la conmemoración, la Corte Suprema de Justicia desarrollará un evento el próximo 16 de junio en Neiva. Agéndese para reflexionar sobre este doloroso capítulo en la historia de Colombia, con las voces de sobrevivientes, magistrados y analistas.
Con varios invitados que viajarán a la capital huilense, la Corte Suprema de Justicia conmemorará el próximo 16 de junio en la Asamblea Departamental del Huila, en Neiva, el cuadragésimo aniversario del holocausto del Palacio de Justicia, una jornada para analizar la justicia, hacer memoria y reflexión. El evento comienza a las 8:30 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde.
La instalación estará a cargo de Enasheilla Polanía Gómez, presidenta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Y se contará con la presencia del alcalde municipal, German Casagua y el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba. Una de las figuras más destacadas es Octavio Augusto Tejeiro Duque, presidente de la Corte Suprema de Justicia. También intervendrá en el acto José Roberto Herrera Vergara, expresidente de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Comisión de la Verdad. A las 10:30 está previsto que algunos sobrevivientes participen con sus análisis, 40 años después del doloroso hecho.
Otras personalidades también son: Fabio Ospitia Garzón, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; Gilma Leticia Parada Pulido, magistrada de la Sala Civil, de Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Neiva; Magdalena Rodríguez Capera, exservidora judicial de la Corte Suprema de Justicia; Amanda Leal Bohórquez de Gallego, exservidora judicial de la Corte Suprema de Justicia, y Alberto Poveda Perdomo, vicepresidente del Tribunal Superior del Distrito de Neiva, quien cerrará el evento.
La toma del Palacio de Justicia
De acuerdo con informe de la Comisión de la Verdad la toma del Palacio de Justicia ha dejado muchos interrogantes. “Por el sótano del Palacio de Justicia ingresó el comando de guerrilleros del M-19, que hacia las 11:35 a.m. del miércoles 6 de noviembre de 1985, consumó la operación Antonio Nariño. A pesar de que dieciocho días antes, se conocía de los planes de esa toma, en el momento de su realización no había un miembro de las Fuerzas Armadas para defender la edificación donde laboraban los funcionarios más amenazados de la época: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un grupo de seis vigilantes y escoltas defendió brevemente el Palacio y, en pocos minutos, un sinnúmero de funcionarios, visitantes y empleados quedaron atrapados en el fuego cruzado que los convirtió en rehenes, carne de cañón del combate que se desató entre el grupo de asalto del M-19 y cuerpos de seguridad del Estado liderados por las Fuerzas Armadas”.
A hoy, “no hay certeza sobre el número definitivo de víctimas mortales. Lo que sí se sabe es que durante las 28 horas que duró el combate entre el M-19 y las Fuerzas Armadas perdieron la vida once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de veinte funcionarios del poder judicial. El presidente de la república, Belisario Betancur, dio una alocución televisada en la noche del jueves 7 de noviembre para asumir la responsabilidad de lo sucedido, pero ya estaba en marcha un proceso político que terminó en el archivo de las denuncias en su contra. La sociedad colombiana quedó dividida en dos: los defensores de la premisa de rodear a las instituciones y defender la democracia como razones para justificar la operación militar de la retoma, y quienes denunciaron el exceso en el uso de la fuerza, las desapariciones y la ausencia de diálogo”.
“En el Palacio de Justicia se perdieron alrededor de cien vidas y se mancilló el poder judicial, en un acto que el M-19 admitió como un error militar. Las Fuerzas Armadas quedaron en deuda con la Nación por sus excesos de fuerza que dieron lugar a delitos de lesa humanidad como torturas y desapariciones”. Además, “por la falta de suficientes avances judiciales en Colombia, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por violación a la libertad personal, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. El presidente Juan Manuel Santos pidió perdón en un acto público en 2015. Sin embargo, la deliberación política no cede porque el holocausto no se cerró debidamente en los caminos de la justicia”.
