Pese al reconocimiento jurídico de los animales como “seres sintientes” en Colombia desde 2016, las cifras de judicialización por maltrato animal siguen siendo desalentadoras. De acuerdo con datos oficiales, de más de 15.500 denuncias presentadas en los últimos años, solo 169 han culminado en condenas. Para el activista Deiby Martínez Cortés, esta realidad representa una falla estructural del sistema judicial colombiano.
Martínez, quien ha acompañado casos de crueldad animal en diversas regiones del país, denuncia que la mayoría de las investigaciones se archivan, se demoran o no avanzan por falta de interés o preparación de los funcionarios públicos. “La ley existe, pero no se cumple. Hay impunidad sistemática. Los animales son maltratados y sus agresores, en su mayoría, quedan libres y sin consecuencias”, afirmó.
El activista propone la creación de fiscalías especializadas en delitos contra la vida animal, así como programas de formación obligatoria para jueces, fiscales y policías. “Si el Estado no responde, la violencia contra los animales seguirá creciendo. No podemos permitir que Colombia se convierta en un país donde maltratar un perro sea un delito sin castigo”, agregó.
Desde su fundación, Martínez Cortés promueve acciones legales, acompaña procesos judiciales y articula redes ciudadanas de vigilancia. Su objetivo: que la justicia sea una herramienta real para proteger a quienes no tienen voz.
